Se viene un revolcón institucional en el sector energético
A finales de enero, el Gobierno Nacional presentará finalmente las propuestas de la Misión de Transformación Energética. Serán cinco ejes de trabajo para la próxima década, en el que se incluye un revolcón institucional para ajustar las competencias de las entidades del sector.
Un año después de presentarse las conclusiones de la Misión de Transformación Energética, en la que se integran los principales ejes de trabajo de todo el revolcón energético al que le apunta Colombia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, presentará en las próximas semanas la hoja de ruta final que tomará la industria en los próximos 10 años.
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Se trata de cinco ejes principales en los que el país se enfocará no solo para diversificar su matriz, sino además para aumentar la competividad y la inversión en este sector. En concreto, dichas conclusiones están encaminadas a modernizar la regulación y la institucionalidad en cinco focos de estudio: competencia y estructura del mercado eléctrico; rol del gas en la transformación energética; descentralización; digitalización y gestión eficiente de la demanda; cierre de brechas y formulación eficiente de subsidios y revisión del marco institucional y regulatorio.
Miguel Lotero, viceministro de Energía, explicó hace unos días que esta Misión ayudará a impulsar toda la tranformación del sector. Aseguró, de hecho, que se trazará los ejes principales para que el país avance en la construcción de una industria más sólida, con más oportunidades y que apunta a jalonar inversión en el corto, mediano y largo plazo.
Aunque ya se habían dado pinceladas sobre los componentes generales de esta misión, hace unos días el Ministerio de Minas y Energía publicó las propuestas finales, que, incluso, en este momento están en un periodo de comentarios. En total son 5 documentos que contiene los pasos que tendrá que seguir la industria de cara los nuevos retos de la década.
Así, bajo el componente de competencia, participación y estructura del mercado eléctrico, los expertos que diseñaron las propuestas advierten que será necesario un esquema de precios nodales que considere pagos eficientes de energía y cobros por congestión y pérdidas.
En este punto, de fondo, lo que se busca es mejorar toda la estructura de cómo se fijan los precios de la energía en Colombia, con el fin de mejorar las tarifas y los contratos entre las empresas. Tanto comerciantes, distribuidores y generadores, entre otros.
“Colombia debe tener un mecanismo de suficiencia de recursos a largo plazo. Este mecanismo asegura que la industria colombiana de suministro de electricidad pueda atender la demanda del sistema durante todas las posibles condiciones futuras del sistema, incluidos los eventos de El Niño”, destaca el documento.
A este eje se suma el papel que desempeñará el gas natural en la transformación energética. Según los expertos que diseñaron los papers, el balance de oferta y demanda de gas natural señala que se presentará un déficit de suministro en los próximos 10 años. Por eso, si bien existen reservas con posibilidad de entrada en el corto y mediano plazo con base en recursos contingentes y en el desarrollo de no convencionales, los expertos aseguran que no se puede asegurar el crecimiento del sector con estos recursos.
Bajo este panorama, recomiendan no solo la planta de regasificación del Pacífico, sino también un complejo en La Guajira. “La planta de regasificación en La Guajira, además de requerirse para garantizar el abastecimiento pleno de la demanda durante la próxima década, evitaría la desconexión de los mercados de la Costa y del Interior del país No se considera viable durante el horizonte de análisis, la importación de gas proveniente de Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte”, advierten.
En el caso de la cobertura, por ejemplo, uno de los puntos más importantes de este eje se centra en el diseño y formulación de subsidios. Según las propuestas, actualmente se otorgan subsidios de tarifa a casi 90% de los hogares en energía eléctrica y 60% en gas, en un contexto donde la pobreza monetaria no llega al 30% y la pobreza multidimensional no llega al 20%.
“El sistema carece de una verdadera focalización, y claramente dedica cuantiosos recursos de la Nación a subsidiar hogares que no se encuentran en condición de vulnerabilidad, algunos de los cuales incluso se ubican en el extremo superior de la distribución de ingreso. Más del 40% de los hogares en los estratos 2 y 3 se encuentran por encima de la mediana de ingreso, y más del 60% de los usuarios de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado, y del 45% en gas por redes, son receptores de estos subsidios sin encontrarse en situación de pobreza (que en la última década ha alcanzado a menos del 30% de la población)”, advierte el documento.
“Los ajustes que requiere el andamiaje institucional deben ser conducentes a una prestación de un servicio de energía eléctrica eficiente, confiable, sostenible, ambicioso en términos de cobertura y transparente en términos de información sobre costos, consumos, subsidios, calidad y remuneración”, dice las recomendaciones.
La Upme, por ejemplo, tendría que fortalecer su labor de planeación de los sectores contando con el soporte de un departamento ambiental y con mayor recurso humano para la estructuración oportuna de las convocatorias.
Esto reduce los tiempos de ejecución de los proyectos y los riesgos, que se han exacerbado en los últimos años particularmente frente a los permisos ambientales, predios y las exigencias de las comunidades vecinas de los proyectos”, dicen las propuestas, que además agregan: “La Upme debe dejar de hacer labores de contexto en el sector minero y dedicarse estrictamente a los sectores energéticos, dejando a la Agencia Nacional Minera a cargo”.
En cuanto a la regulación, se destaca que se debe cambiar la estructura de cómo se toman las decisiones en esa entidad. La instancia decisoria de la Creg tiene 11 miembros (3 del Gobierno y 8 de dedicación exclusiva), número que debería reducirse deseablemente a 7 (1 del gobierno y 6 de dedicación exclusiva)”.
“El Ministerio de Minas y Energía debe continuar siendo miembro y presidir las reuniones de la comisión. La presencia del Gobierno Nacional en la comisión ayuda a la debida coordinación de la política con la regulación y, adicionalmente, le da legitimidad política a decisiones que en muchos casos pueden no ser populares. Por su parte, tanto el Ministerio de Hacienda como el DNP deben dejar de ser pertenecer a este cuerpo colegiado. Los tiempos que estas entidades pueden dedicar a los temas de la CREG difieren de forma importante de los que dedican tanto el Ministerio de Minas y Energía como los expertos comisionados y esa asimetría es inconveniente para el proceso de toma de decisiones regulatorias”, advierten.
Finalmente, en todo este revolcón institucional, se buscaría reforzar las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así, no solo se le daría más dientes sancionatorios, sino se podría simplificar algunas funciones para hacer más eficiente la entidad.
